Kant: La honestidad es la mejor política.

En los recientes meses hemos presenciando hechos que nos pueden llevar a una conclusión: la esencia de la política está en detentar el poder.

El eje discursivo de la política se encuentra enfocado en el bien común, en lograr la mejor manera de que los habitantes de un Estado o región puedan acceder a los servicios, en otorgar a los ciudadanos los instrumentos para asegurarse una vida de calidad. Pero en la realidad mexicana el discurso se encuentra diametralmente opuesto al ejercicio de los políticos y las instituciones.

Cuando la idea del bien común y los intereses de la clase política no apuntan en el mismo sentido, surgen o se crean -como se quiera ver- conflictos que son calificados como sociales, la explicación más sencilla se encuentra en la inconformidad de la ciudadanía ante las deficiencias en la administración pública, en cualquiera de los niveles de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) o en su jurisdicción geográfica (ámbito federal, estatal, municipal).

Regreso nuevamente a los conflictos activos en el país: el EZLN surge después de largos años de miseria en Chiapas, de experimentar el abandono del gobierno, también como respuesta a los constantes conflictos religiosos en los que los partidos se beneficiaban en el reparto de tierras y regiones, situación ante la cual el gobierno hizo oídos sordos dejando las disputas en manos de los más fuertes.

El aparato del Estado atropelló la voluntad popular de la pasada elección al robar la presidencia a López Obrador, con gastos desorbitantes y campañas de miedo, apropiándose del IFE y sus sistemas de computo, corrompiendo la estructura ciudadana que organizó la elección, una fiscalía inepta que no existió para atender las denuncias, y por último un tribunal perverso que ante las múltiples evidencias de irregularidades prefirió el camino de la complicidad con el gobierno y el PAN al validar el resultado. Felipe Calderón será el próximo presidente, pero resalta el gran movimiento de resistencia que se opone a las practicas corruptas del Estado, que busca las opciones para enderezar y recuperar la legalidad y legitimidad que debe haber en todo sistema político.

El conflicto oaxaqueño tiene las mismas características, y como en los casos anteriores las variables que manejan las autoridades y operadores políticos para «solucionar» el conflicto no tienen a la población como primer sujeto de interés, por el contrario las acciones se piensan y se toman en función de los cotos de poder. Veamos lo que nos comparte Raymundo Riva Palacio en su columna del 27 de septiembre en El Universal:

«Ruiz está exigiendo públicamente al presidente Fox que mande a los federales. Está echado para adelante a través del espacio en los medios, el único donde aún puede hacer oír su voz, y se siente protegido por los chantajes políticos que el PRI ha venido realizando en los últimos días para seguir inyectando formol a su cadáver político. La semana pasada, por ejemplo, durante la reunión que sostuvieron el presidente del partido, Mariano Palacios Alcocer, y los líderes de sus fracciones legislativas, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, con el presidente electo Felipe Calderón, lo amenazaron que si no defendía la cabeza de Ruiz, se sumarían al PRD y no se presentarían al Congreso el 1 de diciembre, con lo cual no habría quórum en el Congreso de la Unión y no procedería la definición legal como Presidente de la República. En los días siguientes, voceros de Felipe Calderón le pidieron a Fox que solucionara las cosas en Oaxaca. En un segundo acto de la misma obra, 11 de los 17 gobernadores priístas le exigieron a Fox que no dé una solución política a Oaxaca, lo que quiere decir que no le corte la cabeza.»

El interés de los habitantes queda abandonado a su suerte, los cálculos se siguen haciendo en función de cuál partido tiene el poder y cuáles son sus intereses. En México hay una estrecha relación entre gobernar y ejercer practicas de corrupción, nepotismo, influyentismo y otros vicios, teniendo por resultado lo que podemos calificar como usufructo del poder.

La necesidad primera que debe atenderse para garantizar un gobierno eficiente es la honestidad. Es urgente poner un alto a la clase política que asume un cargo público como si fuera una franquicia para hacer negocios, dejando a la deriva los temas importantes de seguridad y bienestar de la población.

Si bien es un avance que existan mecanismos que buscan la transparencia de la función pública como el IFAI -que sigue siendo muy limitado-, se debe de crear una fiscalía que persiga los delitos que son detectados, para que no queden solamente en escándalos en los medios o recomendaciones que nunca se atienden.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here