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Organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales firmaron el convenio para formalizar la instalación del Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental (OCVA) con el mandato de vigilar, de manera cotidiana y sistemática el desempeño de las dependencias federales involucradas con el medio ambiente y los recursos naturales de nuestro país, con la finalidad de asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en todos sus actos.

En su primera etapa, el OCVA dará seguimiento al desempeño del nuevo titular de la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental y a los titulares de otras direcciones generales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como la de Zona Federal Marítimo Terrestre y la de Vida Silvestre, dependencias que otorgan autorizaciones que pueden poner en riesgo el patrimonio ambiental del país. Posteriormente, se abarcarán todos los sectores involucrados con la política ambiental.

La iniciativa del observatorio surgió en julio pasado, a raíz de la salida de Ricardo Juárez de la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental, quien (como antes pasó con el cesado subsecretario Raúl Arriaga) se hizo célebre por las autorizaciones ilegales que otorgó a proyectos de desarrollo turístico a lo largo y ancho de las costas del país, con los que se ha causado daños a valiosos ecosistemas y recursos naturales, de los que ya no gozarán generaciones venideras de mexicanos.

Estos son algunos ejemplos de autorizaciones de proyectos turísticos envueltas en la ilegalidad y que el Observatorio buscará que se eviten en el futuro: Escalera Náutica en la península de Baja California y Mar de Cortés, la del hotel Mayan Palace en Cancún, la de la marina Careyes y la de Tambora en la zona de Chamela-Cuixmala en Jalisco, la del Ramal de la Carretera Toluca-Zitácuaro, la del Camino Perimetral en Cozumel, la del Desarrollo Turístico e Inmobiliario Marina Mazatlán Segunda Etapa, la de la Ampliación Marina Cozumel y la autorización del desarrollo Paraiso del Mar, con una marina para 545 embarcaciones en la ensenada de la bahía de La Paz, Baja California Sur.

El Principio 10 de la Declaración de Río establece que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados (…). En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones”. Este es el compromiso del OCVA con los ciudadanos, y se extiende por todos los estados del país.

El Biólogo Ignacio Millán Tovar, director general de Inspección y Vigilancia Forestal de la Profepa, manifestó su interés y compromiso con el Observatorio para vigilar el trabajo de sus funcionarios. Además, asistieron Berta Helena De Buen Richikarday, directora general de Participación Social, Étnia y Género de Semarnat; y Érika Patricia Larios Muñoz, jefa de difusión y comunicación de la Coordinación de Partipación Ciudadana y Difusión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF, quienes expresentaron el interés de sus dependencias, por conocer el trabajo que realizará el Observatorio, para defender el medio ambiente.

Comunicado Greenpeace México

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