Por aprobar de manera ilegal la construcción de la Autopista Lerma- Tres Marías (AL3M), Greenpeace presentó una Queja de Responsabilidad Administrativa en contra de Juan Rafael Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya que con esta autorización se violaron diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico (LGEEPA), de su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA), la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre otras.

“El secretario Juan Elvira y todos los servidores públicos de esta dependencia, involucrados en la aprobación de la construcción de la AL3M, el pasado 28 de julio, han violado la ley para autorizar un proyecto que afectará irreversiblemente al Gran Bosque de Agua (GBA) (1), comprometiendo el abasto de agua de millones de personas que viven en la zona centro de México, acelerando el crecimiento urbano en uno de los bosques de mayor importancia biológica e hidrológica del país y beneficiando a unos pocos empresarios. Por esto, no sólo son responsables de violar las leyes ambientales y aquéllas que regulan su labor como servidores públicos, sino que son directamente culpables de los daños ambientales que generará la construcción de esta autopista en los siguientes 25 años”, denunció Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México.

En la queja presentada por Greenpeace ante el órgano interno de control de la Semarnat, el cual forma parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), también se denuncia a Mauricio Limón Aguirre, Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, Eduardo Enrique González Hernández, Director General de Impacto y Riesgo Ambiental y a Ernesto Christian Enkerlin Hoeflich, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

De proceder la denuncia y determinarse la responsabilidad de estos servidores públicos podrían ser amonestados, suspendidos, multados, cesados de sus cargos o inhabilitados para ocupar puestos en el servicio público (art. 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP)) y, si la SFP determina que cometieron algún delito, se podría turnar el asunto al Ministerio Público para que proceda en consecuencia (art. 19 de la LFRASP).

“Estos funcionarios se equivocan si piensan que podían autorizar impunemente la construcción de un proyecto que afectará irreversiblemente dos áreas naturales protegidas federales, el hábitat de especies únicas de nuestro país en peligro de extinción y que acelerará el crecimiento urbano descontrolado sobre zonas de alto valor hidrológico, saltándose de manera deliberada las normas que están obligados a cumplir. Esta queja es sólo uno de todos los recursos legales a nuestro alcance para impedir que estas autopista se construya y para fincar responsabilidades a quienes violaron la ley”, explicó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

“Es muy grave que los servidores públicos de la Semarnat consideren que impusieron las más estrictas medidas de mitigación a este proyecto, cuando la dependencia deja en manos de los promoventes la inspección y la vigilancia, así como determinar el monto de la garantía que deben depositar para asegurar el cumplimiento de las medidas de mitigación, por lo que también violaron los artículos 51, 52 y 55 del REIA. Los servidores públicos denunciados incumplieron su obligación: asegurar el cumplimiento adecuado de las condicionantes impuestas a un proyecto. Además, no hay ninguna medida para impedir el crecimiento urbano asociado a este tipo de vialidades. Si estas son las condicionantes más estrictas impuestas, esto explica el grave deterioro ambiental de nuestro país ocasionado por proyectos de desarrollo”, continuó Magallón.

“La autorización para construir esta autopista es una muestra de que las autoridades ambientales no actúan para proteger el medio ambiente y el bienestar de la mayoría de los mexicanos, sino para allanar el camino a los negocios de unos cuantos particulares, pasando por alto las leyes si es necesario. ¿Qué podemos esperar de los empresarios si los propios funcionarios de la Semarnat actúan por encima de las leyes sin importar el costo ambiental y social? Estamos determinados a acabar con esta impunidad y a impedir la destrucción del GBA por una autopista que es innecesaria ya que existen alternativas que no son tan dañinas para el ambiente. Los argumentos científicos y jurídicos están de nuestro lado”, concluyó Arendar.

Comunicado Greenpeace México

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