Greenpeace reconoció como positivo el anuncio del Gobierno del Distrito Federal al establecer una Declaratoria de Protección de las razas de maíz del Altiplano de México, cultivadas y producidas en suelo de conservación del Distrito Federal.

Para la organización ambientalista, el documento publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal es una clara muestra del esfuerzo de la administración capitalina por proteger el cultivo de las razas de maíz y la agricultura ecológica y orgánica.

“El gobierno de la Ciudad de México está dando un claro ejemplo del compromiso que se debe asumir para proteger al maíz, el grano más importante para los mexicanos. Sólo con verdaderas acciones y la implementación de políticas públicas para preservar la gran riqueza de nuestros maíces, podremos evitar la contaminación con las variedades transgénicas, que las empresas trasnacionales pretenden imponer en nuestro país”, explicó Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace.

La organización ambientalista destacó que la iniciativa del GDF contrasta con la falta de interés del gobierno federal en consolidar un modelo agroalimentario basado en la conservación de las semillas nativas y en el uso sustentable de los recursos humanos, y por el contrario, impulsa un modelo de producción de monocultivos con un uso indiscriminado de agrotóxicos que debilitan las tierras y producen alimentos que pueden afectar nuestra salud; además de que pone en riesgo la apropiación de los conocimientos tradicionales de nuestras comunidades indígenas y campesinas.

“Saludamos el esfuerzo del GDF y exhortamos al resto de los gobierno de los estados a preceder en el mismo sentido para proteger nuestra soberanía alimentaria por encima de los intereses comerciales de las grandes empresas, que han presionado a nuestro país para implementar su modelo agroalimentario basado en el uso de transgénicos, agregó Lara.

La declaratoria del GDF, dentro del marco de la reunión sobre Responsabilidad y Compensación en el marco del Protocolo de Cartagena, sienta un buen precedente, sin embargo, el reto para la administración capitalina es demostrar que estas declaratorias y los proyectos no sólo quedan en papel y que realmente se puede reactivar la producción en el campo mexicano.

Cabe recordar que en México está prohibida la siembra de transgénicos, de acuerdo a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), pero el gobierno federal no ha logrado evitar su propagación.

“Demandamos al gobierno federal la implementación de un régimen de responsabilidad y compensación de los daños que ocasionan los transgénicos para nuestra producción campesina. La falta de este régimen deja en estado vulnerabilidad a campesinos, indígenas y consumidores frente a las grandes empresas biotecnológicas que promueven la siembra de transgénicos. Es momento de reparar el daño, de fincar responsabilidades a la empresas que contaminan nuestros campos con el fin de comercializar sus variedades patentadas. No necesitamos más evidencias, ni más estados con alertas sobre contaminación que pongan en riesgo nuestra soberanía alimentaria”, concluyó Lara.

Greenpeace México

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